Sala de Prensa

¿Quién no conoce algún caso en que ex trabajadores de una empresa, una vez que han dejado su puesto por la razón que sea, bien porque han sido despedidos, o bien porque han causado baja voluntaria, se ha descubierto que se han llevado y filtrado toda clase de información sensible de la empresa en la que prestaban servicios, para ponerla al servicio de la competencia directa de su empleador y, aprovecharse así económicamente de los beneficios que esto les proporciona?

Ante estas circunstancias, nuestros clientes nos cuestionan cómo se ha de proceder. Suelen preguntar si se puede acudir a la Jurisdicción Penal para perseguir tales conductas. La respuesta es que sí, aunque francamente, no es la mejor opción para perseguir el pago de una cantidad de dinero como daños y perjuicios causados a la empresa, que dependiendo del caso en cuestión, puede suponer millones de euros. Sin embargo, sí es la mejor opción si lo que se pretende es el castigo de la conducta delictiva llevada a efecto si se reúnen los elementos para ello y, teniendo en cuenta el perjuicio moral, incluso psicológico que puede suponer para el empresario ultrajado, parece que es una vía jurisdiccional a tener en cuenta.

Hablamos de casos en que estos ex empleados han “robado” información como puede ser:

Plan contable, plan de marketing, estrategia de ventas, cifras de ventas, cartera de clientes, facturación de clientes, contactos en estos clientes, fichas contables, proveedores…Toda esta información no puede ser sustraída de la empresa, para la que una persona presta servicios por cuenta ajena o como agente comercial por ejemplo, porque toda ella tiene un valor patrimonial y, su extracción ilegítima equivale a lo que podríamos llamar y, para comprender lo que estamos diciendo, a un robo.

Todos los elementos citados, cartera de clientes, proveedores, plan contable… suponen un valor económico para la empresa, con lo que el perjuicio causado puede cuantificarse económicamente. Estas conductas son reprochables, pero para que lo sean penalmente se han de reunir los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal aplicable, encuadrado en el capítulo dedicado a los delitos en contra del mercado y los consumidores, relacionados a su vez con el capítulo dedicado a la revelación de secretos, cuyo castigo se ha endurecido con la última reforma operada en el Código Penal, en la que parece haber existido conciencia de la gravedad de estas conductas.

Se ha de poder demostrar la extracción de la información, el modo, cuándo, a través de quién o de qué soporte, contenido de esa información, la puesta a disposición de esa información al servicio de terceros, y, el ánimo de lucro o provecho económico que se ha sacado con tal conducta si se conoce o se puede determinar, así como el perjuicio causado al empresario ultrajado.

Se ha de tratar de casos en los que siendo la actividad de una empresa, el comercio exclusivo o casi exclusivo de un determinado producto, estos ex empleados, extraen toda la información necesaria para producir tal producto o para poner al servicio de alguna empresa de la competencia, las directrices suficientes para arrebatar el negocio a su empleadora, poner en consecuencia al servicio de la nueva empresa para la que trabajan la información necesaria para que se haga con los clientes de la anterior, aumenten en consecuencia su facturación considerablemente y ellos, como intermediarios de la labor, perciben una comisión o compensación económica. La empresa víctima, queda sin sus clientes perdiendo volumen de negocio y, recayendo incluso en la ruina.

Todo ello es necesario probarlo, y si se reúnen los requisitos legales exigidos, estaremos ante lo que podríamos llamar “espionaje industrial” que no es sino, filtrar información sensible de una compañía en beneficio de otra, revelando los secretos de la perjudicada.

El empresario queda especialmente afectado, puesto que toda su vida la ha dedicado a forjar su futuro empresarial, creándose a base de esfuerzo su cartera de clientes, su política de precios, de marketing, sus previsiones económicas, su plan contable o presupuestos en función de la facturación que recibe de sus clientes etc.

Las conductas que estamos poniendo de manifiesto, constituyen para los perjudicados un robo de su empresa a traición, por quienes por razón de su cargo y, a pesar de tener obligación legal de guardar secreto y no realizar tales conductas, violaron su compromiso, haciéndose con aquello que al perjudicado le ha podido costar veinte años de su vida, de forma reprochable absolutamente.

Son supuestos muy difíciles de entablar por razón de la prueba, que es lo primero con lo que se ha de contar. Los documentos son siempre esenciales. No disponiendo de éstos, que es lo que en muchas ocasiones ocurre, se complica el inicio del pleito, sin embargo, no cesamos en lograr otro tipo de prueba, bien testifical, informática o de la índole que se pueda recabar, con el fin de poder perseguir estas conductas que son realmente indignantes, solicitando al Juez Instructor de la causa que recabe la que entendamos esencial y sea factible obtener.

Por Dª Milagros Palao Herrera
Coordinadora del área de Derecho Privado.
Especialista en Derecho Laboral y Penal.