Sala de Prensa

El procedimiento de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha visto modificado en los últimos años, por distintas leyes, pero no ha sido hasta la última modificación introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, cuando el legislador ha dado un vuelco total al procedimiento, intentado acelerar el procedimiento de desahucio mediante un sistema similar al del procedimiento monitorio, mediante el cual y de conformidad a lo establecido en el Art. 440. Apartado tercero, el Secretario Judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señalé, requerirá al demandado para que en el plazo de 10 DÍAS, desaloje el inmueble, pague la totalidad de las cantidades adeudadas o ponga a disposición el importe de las cantidades reclamadas, ejercite la enervación del desahucio o se oponga, alegando sus causes o razones por la cual no debe las cantidades reclamadas.

La finalidad del nuevo procedimiento del desahucio, es intentar acelerar y reducir al mínimo los cauces procesales que hasta ahora estaban establecidos en la ley y evitar así, que el procedimiento de desahucio se dilate en el tiempo, cuyo consecuencia positiva es fomentar el arrendamiento de las viviendas o locales, que debido a la crisis, es el motor de parte de la economía.

Lo más importante de dicha modificación, es que directamente se le ofrece al inquilino en un plazo reducido de 10 DÍAS, PARA QUE ABANDONE LA VIVIENDA, ABONE LA CANTIDAD O CANTIDADES DEBIDAS, ENERVE LA ACCIÓN DE DESAHUCIO si procede,  O PRESENTE OPOSICIÓN A LA DEMANDA DE DESAHUCIO.  Transcurrido dicho plazo  sin que el juzgado hubiera recibido respuesta a las distintas opciones, se acordará mediante DECRETO que dictará el Secretario Judicial, dando por terminado el juicio de desahucio y dando traslado a la actora para que inste la ejecución, sin necesidad de vista.

Ahora bien, desde un punto de vista práctico y critico a la nueva modificación, a mi criterio, no basta sólo con reformar una y otra vez la ley de enjuiciamiento civil en lo referente al procedimiento de desahucio, sino más bien, habría que dotar a la administración de justicia de los medios técnicos y del personal adecuado para dar cumplimiento a los plazos establecidos por ley, que hasta ahora ha sido el gran problema que encontrábamos en el procedimiento de desahucio y de no erradicarse, seguiremos padeciendo la acumulación de los procedimientos en los juzgados debido a su volumen.

Será el tiempo y la práctica judicial, el que nos irá marcando la efectividad o no de la nueva modificación introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, la cual entró en vigor el día 31 de octubre de 2011.

One Response to El Procedimiento desahucio ante la reforma introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal
  1. Pues bien, a deda de hoy, dado que las autoridades pfablicas solo rcasetan de los efectos de la burbuja a las entidades financieras y no a la gente y teniendo en cuenta que el PP y el PSOE llevan en su programa electoral medidas que quieren provocar una nueva burbuja inmobiliaria (repetir eternamente los mismos errores), puede que la ocupacif3n aqued y ahora, no solo sea poledticamente legedtima, sino que haya que empezar a estudiar sino es tambie9n jureddicamente defendible. Propongo que en vez de okupar/ocupar hablemos de: La FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD (artedculo 33 de la Constitucif3n; La funcif3n social de la propiedad delimitare1 su contenido, de acuerdo con las leyes; nadie podre1 ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pfablica o intere9s social, mediante la correspondiente indemnizacif3n y de conformidad con lo dispuesto por las leyes)En conexif3n con el DERECHO A LA VIVIENDA (artedculo 47 de la Constitucif3n; todos los espaf1oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pfablicos promovere1n las condiciones necesarias y establecere1n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizacif3n del suelo de acuerdo con el intere9s general para impedir la especulacif3n; La comunidad participare1 en las plusvaledas que genere la accif3n urbanedstica de los entes pfablicos).Ased como con la OBLIGACION DE LOS PODERES PUBLIOS DE REMOVER LOS OBSTACULOS AL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES (artedculo 9.2 de la Constitucif3n Corresponde a los poderes pfablicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obste1culos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participacif3n de todos los ciudadanos en la vida poledtica, econf3mica, cultural y social ).Y de la SUBORDINACION DE TODA LA RIQUEZA NACIONAL AL INTERES GENERAL (artedculo 128.1 de la Constitucif3n; toda la riqueza del paeds en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad este1 subordinada al intere9s general; se reconoce la iniciativa pfablica en la actividad econf3mica. Mediante ley se podre1 reservar al sector pfablico recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervencif3n de empresas cuando ased lo exigiere el intere9s general).Si tenemos una comprensif3n integral del ordenamiento constitucional y jureddico, lo unimos con la inaccif3n del estado en materia de vivienda, su obsesif3n por salvar bancos privados con dinero pfablico y el drama tolerado (cuando no incrementado) de los desahucios creo que podemos justificar constitucionalmente ciertas ocupaciones de edificios vacedos. Obviamente, sereda mejor que en Espaf1a hubiera ya variadas leyes que dieran cobertura a las ocupaciones originadas por un estado de necesidad socialmente relevante (como ocurre por ejemplo en Holanda). De momento nos tenemos que conformar con leyes que prescriben sanciones y expropiacif3n en caso de incumplimiento de la funcif3n social de la propiedad (todas ellas avaladas hasta el aburrimiento por nuestro Tribunal Constitucional con motivo de las leyes andaluzas y extremef1as de fincas rurales y urbanas manifiestamente mejorables o por el Consejo Consultivo de Cataluf1a con motivo de la ley de vivienda de esa Comunidad Autf3noma).Las medidas me1s severas (expropiacif3n temporal on definitiva, parcial o total, por incumplimiento de la funcif3n social de la propiedad) este1n en nuestro sistema legal en manos de los poderes pfablicos. En la mayor parte de los casos, no es que estos poderes pfablicos se nieguen a ejercer sus competencias constitucionales y legales, sino que simplemente niegan que las mismas existen o actuan como si no existieran.Apunto otro precepto constitucional que puede ser relevante en este caso. El artedculo 149.1.1 de nuestra Carta Magna establece que El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias ( ) La regulacif3n de las condiciones be1sicas que garanticen la igualdad de todos los espaf1oles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales . Este artedculo ha servido tradicionalmente para que determinadas competencias de las CCAA respeten un mednimo legal comfan a todos los espaf1oles. Y en materia de propiedad, funcif3n social de la misma, derecho a la vivienda y ocupacif3n es perfectamente posible que una Ley Orge1nica estatal, basada en el 149.1.1 de la Constitucif3n, haga migrar nuestro modelo hacia el holande9s. Otra cosa es que PP, PSOE y CIU. PNV o CC no quieran ni oir hablar del tema.La pregunta social y poledticamente relevante en este momento: bfque debe hacer la sociedad ante un estado entregado a la banca y que ve como la funcif3n social de la propiedad es una burla y la propiedad bancaria y corporativa sacrosanta? bfNada? bfAnte la ruptura del pacto constitucional deben permanecer los ciudadanos callados y con la cabeza agachada? Por el futuro inmediato de amplias capas de la sociedad espaf1ola y por la dignidad presente y futura de mi paeds, espero que la respuesta a estas preguntas no sea la sumisif3n.Acabo con dos provocaciones te9cnico-jureddicas y otra poledtica. bfPorque las cuestiones de constitucionalidad son tan poco usadas por la judicatura ante situaciones de emergencia social y constitucional? bfPorque el amparo constitucional es muy usado por la ciudadaneda pero poco efectivo en la defensa de la prescriptividad efectiva de nuestro telos constitucional? bfEn que momento se jodif3 el Perfa de forma que la defensa de los derechos de los desahuciados este1 hoy en manos casi en exclusiva de grupos autoorganizados de indignados y dos docenas de francotiradores judiciales y poledticos?


[top]

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *