Sala de Prensa

¿Es España un paraíso fiscal? Cualquier lector, no hace falta que con muchos conocimientos en la  materia, puede responder a esta pregunta con un no rotundo y, evidentemente, no se equivocará. ¿Utilizan algunas empresas de carácter multinacional a España como si tratase de un paraíso fiscal? Probablemente, la mayor parte  de ellos seguirá respondiendo de igual manera que a la primera pregunta. Incluso  un grupo de avezados lectores familiarizados con la fiscalidad en nuestro país desconozcan la existencia de las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), un régimen especial del Impuesto de Sociedades español utilizado frecuentemente por entidades multinacionales como parte de su planificación fiscal con el objetivo de disminuir la tributación de los beneficios obtenidos en todo el mundo.

Y es que la pequeña y mediana empresa española ha tenido como característica en años pasados su escasa internacionalización. Pero es sabido que esta situación está cambiando de manera acelerada como efecto colateral de la crisis por la búsqueda de nuevos mercados como forma de supervivencia, hasta el punto de convertir a numerosas PYMES en pequeñas multinacionales, con una parte muy importante de sus ingresos de procedencia extranjera.

Pero lo que no ha cambiado tanto es el escaso conocimiento de los instrumentos a disposición de la empresa para minimizar tanto su coste como su riesgo fiscal cuando su actividad se desarrolla en un entorno internacional. Entonando un “mea culpa” profesional, probablemente esto se deba también a que tradicionalmente los asesores han abandonado este área, quizá influidos por la falta de interés por parte de sus clientes, quizá por no disponer de una estructura suficiente que permita esta especialización.

Los Estados se convierten, a través de la legislación fiscal, en partícipes de los resultados de la actividad económica. En el caso de empresas que desarrollan su actividad en varios países, existe el interés por parte de cada uno de ellos de que los beneficios generados en su territorio tributen adecuadamente a su hacienda pública. Surge aquí un primer conflicto a través de la fijación de los denominados precios de transferencia. La empresa multinacional tenderá a trasladar beneficios a los territorios con menor tributación a través de los precios de las transacciones entre entidades del mismo grupo.  Cada uno de los Estados en los que radique la actividad tendrá su propia legislación al respecto. La OCDE ha realizado una propuesta para aquellos países que estén desarrollando legislación en materia de precios de transferencia que se refiere a su estructura y contenido. La idea subyacente en ese documento es que el criterio de fijación de precios entre empresas del mismo grupo se adecúe al principio de libre competencia, esto es, que dichos criterios sean similares a los que se utilizarían entre empresas no vinculadas. España ha modificado su legislación siguiendo esta misma filosofía.

La  empresa internacionalizada debe tener muy en cuenta esta regulación y su cumplimiento para evitar riesgos, siempre dentro de los márgenes que permitan tomar las decisiones más favorables a sus intereses

Pero los Estados tienen otros objetivos en materia fiscal.  Existe una competencia entre países para atraer empresas de ámbito internacional que se manifiesta en determinadas ventajas para su implantación, lo que pasa por una legislación fiscal lo más neutral posible para evitar la doble imposición de los beneficios. Y aquí empiezan las oportunidades para reducir la factura fiscal.

Existen, por un lado, los convenios entre los Estados para evitar la doble imposición. Los CDI se aplican de manera prioritaria sobre las normas internas de los países firmantes. El primer método para evitar el citado fenómeno de la doble imposición es el de exención, según el cual las rentas obtenidas en un país tercero se encuentran exentas y por lo tanto no se gravan, en el otro. Así, por ejemplo, si una empresa española obtiene rendimientos en el país con el que España tiene firmado un CDI y cuyo impuesto de sociedades tiene un tipo impositivo del 20%, podría ver su tributación reducida en relación con las rentas obtenidas en España que serían gravadas, normalmente, a un tipo superior.

El segundo método es el de imputación, que consiste en la renta obtenida en un tercer país se gravaría en España pero se permite la deducción de lo pagado en aquel.  En el caso anterior, la empresa española incluiría los beneficios en su base imponible, calcularía su cuota y se deduciría el 20% pagado en el país tercero. Este segundo método garantiza que no exista una doble imposición, pero es menos favorable que el primero en caso de que los tipos impositivos del país tercero sean inferiores a los españoles.

Pero los Estados compiten más allá de lo hasta aquí dicho con métodos más agresivos para atraer la actividad de las multinacionales. Surge en este contexto la regulación en España de las ETVE ya mencionadas, en la línea con la favorable legislación holandesa (Besloten Vennootschap  o BV) o luxemburguesa (Societés de participation financières o Soparfis y holdings)

SI bien este instrumento no está pensado estrictamente para empresas de matriz extranjera y, por lo tanto, pueden perfectamente ser utilizadas por grupos españoles, presentan un interés especial para las multinacionales de otros países al encontrarse exceptuado de gravamen en España la repatriación del beneficio obtenido por las ETVE a sus socios no residentes.

Después de todo lo anterior, surge de nuevo la pregunta: ¿por qué no aprovechar las ventajas que brinda la legislación tanto nacional como internacional para reducir la carga fiscal? Lo único que nos separa de ello es una correcta planificación y un conocimiento adecuado de los instrumentos al alcance de la empresa. Y de esto último los profesionales debemos responsabilizarnos para facilitar la expansión internacional de nuestras empresas.

Jaime de Paz
Director Area Economico financiero y fiscal de JBI