Sala de Prensa

Se suspende cautelarmente el procedimiento de ejecución hipotecaria por el auto publicado el 15 de marzo, luego de haberse interpuesto previamente por la deudora  una demanda de nulidad parcial de las cláusula multidivisas del contrato del préstamo hipotecarioEsta suspesión  ha sido establecida por la recién sentencia del pasado 14 de marzo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interpreta la legislación procesal española en relación con  la Directiva 93/13/CE, estableciendo que se opone a una de las normativas que no admita, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, formular motivo de oposición basado en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento del título ejecutivo.

Por lo tanto el Juzgado establecio que “entrando a conocer del fondo de la pretensión cautelar de la demandante, es evidente la existencia de un peligro en la mora procesal, por cuanto el carácter del procedimiento de ejecución hipotecaria y su rapidez, podrían conllevar que en caso de que se dictase sentencia en este procedimiento estimatoria de la nulidad de la cláusula litigiosa, los bienes hipotecados se encontrasen ya en manos de tercero, dificultando la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse, pues como dice el Tribunal Europeo, “garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 .”, y continúa “Así ocurre con mayor razón cuando … el bien que constituye el objeto de la garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia, puesto que el mencionado mecanismo de protección de los consumidores, limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado para evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda.”

En cuanto a la solicitud de nulidad parcial del préstamo hipotecario, se aprecia una apariencia de buen derecho, al tratarse de consumidores que contratan un préstamo multidivisa con riesgos financieros superiores a los de un préstamo hipotecario, y no se conoce si existió un conocimiento e información adecuados a los clientes.

Fuente: Noticias Jurídicas