Sala de Prensa

La reciente Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, así como su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego) dan cobertura legal, por primera vez en España, a una realidad social y económica que ya estaba de facto implantada en nuestro mercado estatal: el juego a través de Internet.

En síntesis, esta Ley del Juego tiene por objeto la regulación de la actividad del juego en sus distintas modalidades, siempre que se desarrolle en el ámbito estatal y a fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos; todo ello sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de Autonomía.

En concreto, la Ley del Juego regula, (i) la actividad del juego cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, así como (ii) los juegos desarrollados por las entidades designadas por la Ley para la realización de actividades sujetas a reserva, con independencia del canal de comercialización.

A efectos de determinar el ámbito de aplicación, la Ley, en su artículo 2, enumera cuales serían las actividades que estarían incluidas y excluidas.

Asimismo, la Ley, al margen de definir cual es el concepto de “juego” en sus distintas modalidades, prevé los requisitos necesarios a fin de poder ejercer actividades de juego en el ámbito estatal, siendo imprescindible para ello disponer de un “título habilitante” (en su forma de Licencia General, Licencia Singular o Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional).

El “título habilitante” será concecido por la Comisión Nacional del Juego, previa convocatoria de un procedimiento que se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación, y que se regirá por el pliego de bases que, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, sea aprobado por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda y que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

De igual forma, se establece que la organización y explotación de las actividades objeto de la Ley podrá ser, según cada caso, efectuada por personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con nacionalidad española o de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo y que tengan al menos un representante permanente en España.

Únicamente podrán participar en el procedimiento concurrencial de licencias generales para la explotación y comercialización de juegos que no tengan carácter ocasional, las personas jurídicas con forma de sociedad anónima o forma societaria análoga del Espacio Económico Europeo que tengan como único objeto social la organización, comercialización y explotación de juegos, constituyéndose, a dicho efecto, como operadores de juegos o apuestas.

En otro orden de asuntos, la Ley del Juego otorga el control y la gestión de la actividad del juego a tres organismos; el Ministerio de Economía y Hacienda, la Comisión Nacional del Juego y el Consejo de Políticas del Juego, asignando a cada uno de ellos sus obligaciones y competencias propias.

Otro de los aspectos fundamentales y relevantes a destacar sobre la reciente Ley del Juego sería su régimen sancionador y el régimen fiscal vinculado.

En cuanto al régimen sancionador, la Comisión Nacional del Juego y, en determinados supuestos (artículo 42.3 Ley) el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, ejercerán la potestad sancionadora respecto de las infracciones administrativas cometidas en materia de juego objeto de la Ley.

En concreto, serían sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la Ley, les den soporte, publiciten, promocionen u obtengan beneficio de las mismas.

Igualmente, se consideran también sujetos infractores y organizadores de juego, exigiéndoseles idéntica responsabilidad, a las personas físicas o jurídicas que obtuvieran un beneficio relevante vinculado directamente al desarrollo de actividades de juego como consecuencia de las acciones u omisiones referidas en el apartado anterior.

La calificación de las infracciones y sanciones se establece de la siguiente forma

Infracción muy grave: sanción consistente en multa de un millón a cincuenta millones de euros. Además de la multa, podrá imponerse la pérdida del título habilitante, la inhabilitación para la realización de las actividades previstas en el artículo 1 de la Ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las actividades de juego

Infracción grave: sanción consistente en multa de cien mil a un millón de euros y suspensión de la actividad en España por un plazo máximo de seis meses.

Infracción leve: sanción consistente en multa de hasta cien mil euros y apercibimiento por escrito.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.

Por último, la Ley del Juego establece dos tributos, vigentes desde la entrada en vigor de la norma: un impuesto sobre actividades de juego (que grava también las «combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales», que no constituyen juego a los efectos de la Ley del Juego) y una tasa por la gestión administrativa del juego.

Carlos Ríos León.
Abogado en Juárez Bufete Internacional, S.L.P.

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