Sala de Prensa

Gran polvareda en el ámbito jurídico ha suscitado la aprobación  por parte del Consejo de Ministros, el pasado mes de Julio del presente año, de remitir a las Cortes Generales  el proyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Pues bien, el artículo de prensa del periódico digital El País.es, de fecha 29 de Septiembre, en el que se comentaba la noticia de la manifestación de ayer a la que acudieron entre 500 y 600 juristas encontrándose entre estos, según fuentes del citado diario, abogados, procuradores y algunos fiscales y funcionarios de los juzgados de Vigo entre su sede y la cercana Delegación de Hacienda, para protestar contra el incremento de las tasas judiciales, especialmente en los procedimientos civiles y contencioso-administrativo, no hace otra cosa que confirmar el estruendo originado en el mundo jurídico por el anuncio del mencionado proyecto de Ley.

Se ha conocido por comunicado de la web oficial de La Moncloa, que el proyecto hace referencia a todos los órdenes jurisdiccionales, incluida la jurisdicción social, y exceptuando el orden penal, así como que el nuevo régimen  afectará tanto a personas jurídicas, a las que ya afectaba la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, como a personas físicas. El hecho imponible de la tasa se extenderá a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en los órdenes Civil y en el Contencioso-Administrativo, así como a la interposición de los recursos de apelación y de casación en las órdenes civil y contencioso-administrativo, y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social.

Los incrementos más notorios serán, la imposición de tasa en cuantía de 800 € para recurrir en apelación y 1.200 € para recurrir en casación, en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo y en la Jurisdicción Social se impone una tasa de 500 € para recurrir en suplicación y de 750 € para recurrir en casación.

Son dos los motivos que fundamenta el Ministerio de Justicia para la elaboración y prosecución del Proyecto de Ley, a saber, la racionalización del ejercicio de la potestad jurisdiccional, y el sostenimiento del sistema de justicia gratuita. Entendiendo por tasa, la consecuencia de grabar un hecho imponible que tiende supuestamente a cubrir el coste del funcionamiento de la Administración de Justicia, obviaremos el segundo para centrarnos en el primero por ser quizá el más razonable y el que mayor peso justificativo podría tener, en tanto en cuanto, y siguiendo el criterio de opinión del Consejo General dela Abogacía Española, el sistema de justicia gratuita nada tiene que ver con el funcionamiento dela Administración de Justicia.

Y es que pudiera ser cierto la existencia en nuestro país de una litigiosidad superior a la media europea (1 procedimiento por cada 4 habitantes en España, mientras que en Francia la proporción es de 1 cada 25 habitantes, según el Informe 2011 del observatorio de actividad de la justicia), aunque cabría mencionar una mayor y efectiva regulación en materia de mediación de conflictos tanto judiciales como extrajudiciales en la mayoría de países europeos, que justificaría esta supuesta menor litigiosidad, y que ese índice de litigiosidad bien pudiera incidir en mayor o menor medida en la sobrecarga de la Justicia, pero bien es cierto que el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución Española, en su artículo 24, y regulado dentro de nada menos que en la parte dogmática de nuestra Carta Magna, en su Título Primero denominado de los derechos y deberes fundamentales, debería cuanto menos sopesar y replantear la exigencia de estos sustanciales incrementos que se pretenden instaurar en nuestro sistema judicial y de acceso a la Justicia.

 

Francisco Royo
Departamento de Procesal

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