El procedimiento de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha visto modificado en los últimos años, por distintas leyes, pero no ha sido hasta la última modificación introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, cuando el legislador ha dado un vuelco total al procedimiento, intentado acelerar el procedimiento de desahucio mediante un sistema similar al del procedimiento monitorio, mediante el cual y de conformidad a lo establecido en el Art. 440. Apartado tercero, el Secretario Judicial, tras la admisión y previamente a la vista que se señalé, requerirá al demandado para que en el plazo de 10 DÍAS, desaloje el inmueble, pague la totalidad de las cantidades adeudadas o ponga a disposición el importe de las cantidades reclamadas, ejercite la enervación del desahucio o se oponga, alegando sus causes o razones por la cual no debe las cantidades reclamadas.

La finalidad del nuevo procedimiento del desahucio, es intentar acelerar y reducir al mínimo los cauces procesales que hasta ahora estaban establecidos en la ley y evitar así, que el procedimiento de desahucio se dilate en el tiempo, cuyo consecuencia positiva es fomentar el arrendamiento de las viviendas o locales, que debido a la crisis, es el motor de parte de la economía.

Lo más importante de dicha modificación, es que directamente se le ofrece al inquilino en un plazo reducido de 10 DÍAS, PARA QUE ABANDONE LA VIVIENDA, ABONE LA CANTIDAD O CANTIDADES DEBIDAS, ENERVE LA ACCIÓN DE DESAHUCIO si procede,  O PRESENTE OPOSICIÓN A LA DEMANDA DE DESAHUCIO.  Transcurrido dicho plazo  sin que el juzgado hubiera recibido respuesta a las distintas opciones, se acordará mediante DECRETO que dictará el Secretario Judicial, dando por terminado el juicio de desahucio y dando traslado a la actora para que inste la ejecución, sin necesidad de vista.

Ahora bien, desde un punto de vista práctico y critico a la nueva modificación, a mi criterio, no basta sólo con reformar una y otra vez la ley de enjuiciamiento civil en lo referente al procedimiento de desahucio, sino más bien, habría que dotar a la administración de justicia de los medios técnicos y del personal adecuado para dar cumplimiento a los plazos establecidos por ley, que hasta ahora ha sido el gran problema que encontrábamos en el procedimiento de desahucio y de no erradicarse, seguiremos padeciendo la acumulación de los procedimientos en los juzgados debido a su volumen.

Será el tiempo y la práctica judicial, el que nos irá marcando la efectividad o no de la nueva modificación introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, la cual entró en vigor el día 31 de octubre de 2011.

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