Sala de Prensa

El citado Real Decreto-Ley promueve la solución de conflictos que afecten a derechos subjetivos de carácter disponible y circunscritos al ámbito civil y mercantil, siendo esta puntualización interesante a efectos jurídicos en tanto en cuanto, salvaguarda y garantiza derechos subjetivos regulados por los textos legales como imperativos, es decir aquellos que el legislador ha querido que fueran irrenunciables e intransferibles por cualquiera de las partes por ser derechos de aplicable imperativo legal, tales como el derecho de recibir alimentos, o el regulación del período legal en contratos de arrendamientos de vivienda y su sistema de prórrogas, entre otros.

La finalidad del RD según se expresa en su exposición de motivos es alentar a los ciudadanos a la utilización de la mediación, para así disminuir la carga de asuntos en los tribunales de justicia “La mediación, como fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible. Como institución ordenada a la paz jurídica, contribuye concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación por la mera voluntad de las partes y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción de la carga de trabajo de aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la situación de controversia.es de justicia”. Pero si esta era la finalidad, la propia ley nació vacía de contenido al respecto, al no instrumentalizar su obligatoriedad en requisito procedimental previo a la iniciación de causa judicial, por poner un ejemplo o para determinadas materias o asuntos de cuantías determinadas.

Si embargo y a pesar de lo expuesto anteriormente cuando la partes pacten por escrito el someterse a la mediación antes de iniciar la vía judicial, este compromiso ha de ser obligatorio y vinculante en cuanto al sometimiento a la mediación, pese a la desafortunada redacción del artículo 6  cuando expone que “deberá intentar el procedimiento pactado”, solventada por el contenido de los sucesivos artículos, en los que se deja clara su vinculación a la promesa o pacto escrito; como digo el art.6 del referido texto legal establece lo siguiente:

“Artículo 6.” Voluntariedad y libre disposición

1. La mediación es voluntaria.

2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.”

Al hilo de lo anterior y en referencia a la obligatoriedad del compromiso pactado, el artículo 19 establece la prohibición de las partes, en cuanto una vez iniciado el procedimiento de mediación, a iniciar la vía judicial mientras dure el mismo, siempre que la parte lo invoque a través de la correspondiente declinatoria, con lo que parece obligar a los tribunales de justicia a aceptar la declinatorias presentadas por la parte en caso de compromisos por escrito de sometimiento a la mediación.

Por otro lado no se establece un tiempo máximo determinado para la duración del procedimiento, si no que serán las propias partes las que establezcan el plazo que consideren oportuno, con el inconveniente de un posible conflicto en cuanto al plazo y ello antes de iniciarse la mediación en cuanto al fondo.

En cuanto a la eficacia y ejecutabilidad de los acuerdos adoptados bajo el seno del RD hemos de distinguir entre los acuerdos de mediación, simple y llanamente concebidos y que ponen término a la mediación y los acuerdos de mediación elevados a público mediante instrumento notarial. Para los primeros el acuerdo de mediación genera obligaciones para las partes en cuanto a los pactos y acuerdos que refleje, por lo que un acuerdo de mediación rubricado en la forma prevista y con las formalidades exigidas por el RD, surtirá plena eficacia, siendo que para el caso de incumplimiento por una de las partes, la cumplidora podrá ejercitar la acción de cumplimiento de contrato ante la jurisdicción civil o mercantil, procediendo a instar el procedimiento declarativo pertinente, que derivaría en sentencia judicial ejecutable. Decimos esto a fuer de recordar que el acuerdo de mediación no supone título ejecutable de conformidad con el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la ejecutabilidad de los acuerdos de mediación cuando estos estén instrumentalizados mediante la correspondiente escritura pública. Sin embargo si el acuerdo de mediación  ha sido adoptado en el seno de un procedimiento judicial, y este es homologado por el Juzgador, igualmente conformará título ejecutivo en el propio Juzgado que lo homologó.  Para los segundos, esto es para aquellos que se elevaren en escritura notarial, con los requisitos que marca la ley que no son otros que el acompañamiento en la escritura de la actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento,  como ya ha quedado dicho serán directamente ejecutables.

Sin embargo y en relación a la tan en boga últimamente Ley de Tasas, la finalidad del legislador de intentar alentar a los ciudadanos para que estos sometan sus diferencias en otro orden distinto al judicial, contrasta con la aplicación de las tasas judiciales introducidas por la Ley 10/2012, la cual parece complementar y fomentar la mediación, según su exposición de motivos, estableciendo el pago por parte del ciudadano que quiera acceder a la justicia, de una cantidad fija dependiendo del procedimiento y otra variable en función de la cuantía que se reclame. Y decimos que contrasta, ya que la referida Ley de Tasas obliga al ciudadano que cumplió o quiso cumplir el acuerdo de mediación  y que pretende ahora hacer valer sus pretensiones aceptadas por la parte incumplidora, a pagar una cantidad fija si quiere acceder a la tutela judicial del acuerdo de mediación; pero existe un contraste y una mayor contradicción del legislador si cabe, cuando el ciudadano que se sometió a la mediación y elevó a público el acuerdo, en caso de que la otra parte incumpla, quiera hacer valer el mismo, ya que al ser un título ejecutivo no judicial y para poder proceder a su ejecución, previamente ha de pagar la cantidad de 200 €, según establece la referida ley para las demandas de ejecución que versen sobre títulos ejecutivos extrajudiciales, lo que junto a su voluntariedad a mi entender hace caer en agua de borrajas la utilidad y el fin último del comentado RD.

Francisco Royo Lozano
Abogado de Departamento Procesal
JUAREZ BUFETE INTERNACIONAL SLP

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