Sala de Prensa

Recientemente, el Gobierno de España ha comunicado su intención de retirar la Licencia de la compañía aérea Ryanair, a efectos de poder operar en y desde España, con causa en el reiterado incumplimiento por parte de esta compañía de las medidas de seguridad aéreas. Consecuentemente, la Comisión Europea (CE), con sede en Bruselas, ha marcado una clara y contundente directriz.

En este sentido, manifiesta la CE que, de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico vigente, en caso de que España tuviese la intención de retirar la Licencia a Ryanair por motivos de seguridad aérea, se debería de acudir y remitir dicha petición al lugar (Estado) en el que la compañía tuviese su sede; en este caso, Irlanda. Como fundamento de lo anterior, la CE clarificó que “bajo las actuales leyes europeas de seguridad aérea, la autoridad para revocar una licencia pertenece exclusivamente al Estado en el que ésta está registrada”.

Asimismo, el portavoz comunitario, Dale Kidd, manifestó que “a una aerolínea británica, solo podrían retirarle la licencia las autoridades británicas; en el caso de una aerolínea española, solo las autoridades españolas”. No obstante lo anterior, si el Gobierno de España lo estimase conveniente, también podría plantear una queja oficial ante el organismo europeo competente, siendo éste el Comité Europeo de Seguridad Aérea.

Queda pues clarificada cual sería la competencia directa y línea de actuación a efectos de retirar o revocar una licencia de este tipo y que afectaría, en puridad, a la seguridad aérea.

En consonancia con lo anterior, tanto los criterios de seguridad aérea que serían de aplicación, así como la imposición de sanciones con causa en el incumplimiento de las prerrogativas y estándares establecidos al respecto, recaería en los organismos, instituciones y/o autoridades aéreas irlandesas. Ante esta situación, la ministra de Fomento del Gobierno español, Ana Pastor, manifestó con rotundidad su intención de promover las medidas necesarias para reforzar y endurecer el reglamento comunitario sobre la supervisión aérea (en todos sus ámbitos; regulación y régimen de sanciones) a fin de que Gobierno de España pueda adquirir nuevas competencias en relación con la regulación de Licencias de las líneas aéreas que operan en y desde el territorio español.

Visto todo lo anterior, queda de manifiesto que la intención del Gobierno de España sería la de regular, de forma más armonizada y estricta, la seguridad aérea, dado el impacto (especialmente social) que ello conlleva.

Como consecuencia, esta situación ha suscitado un apoyo unánime y generalizado por parte de muchas áreas que se verían afectadas, directa o indirectamente, por la seguridad aérea, a fin de establecer los mecanismos que permitan y mejoren la prevención en la seguridad aérea. En concreto, los operadores aéreos en España han pedido colaboración a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) a fin de que pueda ser implantado en territorio nacional un sistema de garantías de seguridad aérea.

Carlos Ríos León
Derecho Mercantil y Societario

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