Sala de Prensa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, una cuestión debatida y puesta de manifiesto públicamente, son las reivindicaciones relativas a la guardia y custodia compartida.

Se reivindica su concesión en los procesos de separación y divorcio, en los que existen hijos menores sobre los que se ha de adoptar tal decisión.

El art 92.5 del Código Civil, dice que a la vista de la prueba habida en el procedimiento y, a la vista del informe que emita el Ministerio Público, el Juez adoptará lo más conveniente y adecuado para los menores, siendo el principio informador de tal proceso, el favor filii.

Sin embargo, en la práctica, muchos son los inconvenientes que se encuentra la parte que persigue la adopción de esta medida.

Jurisprudencialmente, en un principio se establecía que sólo a petición de mutuo acuerdo, podría concederse la guarda y custodia compartida. Actualmente, se afirma por senda Jurisprudencia habida en la materia, que la buena o mala relación entre las partes, es independiente para resolver sobre la concesión de esta medida, teniendo en cuenta, que lo que ha de primar es que sea la medida más idónea para los menores.

Los criterios válidos para la concesión, son entre otros, la cercanía de los domicilios de los progenitores, costumbres y rutinas que tengan los progenitores adquiridas con los menores, buena relación a afinidad de los menores con ambos progenitores etc. También y, dentro de la prueba practicada en los procesos, el informe favorable del Ministerio Fiscal, Informe del Equipo Técnico del Juzgado y, la exploración en aquellos casos en los que los menores puedan ser oídos.

La realidad en la práctica es otra completamente opuesta.

Basándome en mi experiencia, en uno de los casos más recientes relativos a esta cuestión, esta letrada se ha encontrado con una oposición de inicio a la adopción de tal medida.

Oposición que desde luego, no encuentra fundamento en la prueba practicada en el proceso, sino todo lo contrario. No se ha practicado prueba alguna, porque no se ha acordado por el Juzgador, para dilucidar si la guarda y custodia compartida es lo más adecuado para los menores.

Antes del inicio de la vista, el propio Ministerio Público ha afirmado que la parte peticionaria de tal medida no iba a contar con informe favorable para que se acordara la custodia compartida. ¿Por qué? Esta parte lo desconoce, máxime cuando el Auto de Medidas Provisionales dictado, no fundamenta nada al respecto y, sólo se limita a establecer medidas ordinarias y, como no, las esencialmente económicas, que son las que parecen primar en todos estos procedimientos, ya se solicite guarda y custodia compartida, exclusiva para la madre, exclusiva para el padre…, se solicite lo que se solicite, al final existe un trasfondo económico, que resulta ser más fuerte que el interés del menor.

Se ha tratado por tanto de una vista vacía de contenido, obviando la necesidad de practicar la prueba que ofrece elementos valiosos y preciosos sobre la decisión a adoptar, que no es sino, el informe psicosocial pertinente.

Esta prueba, según la Jurisprudencia, es la esencial y, la que puede determinar si es o no procedente que se adopte la guarda y custodia compartida, así como cualquier otra medida no habitual o no común que se hubiera solicitado.

Tampoco se ha entendido procedente oír a la menor de los hermanos y, desde luego la más perjudicada por la situación de conflicto. A esta niña, nadie la da la oportunidad de expresar cómo se siente con su madre, con su padre, con su hermano….

Su hermano, casi mayor de edad, tiene mayor libertad, pero la menor quisiera hacer lo mismo, que no es otra cosa, que estar con su padre, el mismo tiempo que con su madre.

En definitiva, ¿qué hay que hacer para que un buen padre, pueda tener al menos la oportunidad de que el Juzgado acepte su petición, indague sobre la viabilidad de tal petición, realizando la prueba pertinente para ello y, finalmente acceda a tal petición?

No olvidemos también, que lo que no se pide a la madre custodia se pide al padre que pretende hacerse cargo de sus hijos en iguales condiciones que la madre. Me refiero a que, nadie duda o se da por hecho que la madre siempre está con sus hijos, siempre les lleva al colegio, siempre les recoge, siempre está ella cuando están enfermos, siempre está ella en casa. Nunca se la formulan preguntas al efecto o se indaga sobre si esto en ocasiones no es así, por cuestiones meramente laborales, o es que acaso a las madres, nunca las surge contratiempo por el que no puedan recoger a sus hijos, o cualquier otra tarea?

En otro caso, no hace mucho tiempo, le preguntaron a mi representado en cuestión, que solicitaba la custodia de su hija por cuestiones de salud de ésta no atendidas por su madre, si él iba a estar todo el día con su hija, llevarla al cole, recogerla y estar en casa de diario con ella por las tardes. Mi representado afirmó que él tenía que trabajar y, que por tanto su hija quedaría al cuidado cuando él no estuviera de su actual mujer.

La jueza en cuestión, respondió que entonces esas no eran condiciones para otorgarle la custodia de su hija, porque si no iba a cuidarla él en su vida cotidiana, no eran maneras. Tampoco se practicó prueba alguna.

¿Cómo que no son maneras? ¿Es que las madres no trabajan y quedan los hijos con los abuelos, con los tíos, o en guarderías?

Estas afirmaciones tan directas, suponen una evidente infracción del principio de igualdad.

¿Por qué al padre se le fiscaliza al objeto de conocer dónde está y qué hace durante todo el día? ¿Es que para solicitar y lograr la custodia compartida de los hijos o la custodia exclusiva de los mismos ha de renunciar a su vida laboral, social, cultural…etc?

¿Desde cuándo se pide a las madres tales renuncias?

Todas estas cuestiones, ponen de manifiesto que la manera de enjuiciar estos procesos, es completamente subjetiva y, aleatoria por de pronto.

La inactividad probatoria en estos procesos es absolutamente inconcebible.

Cuestiones tan relevantes como son los hijos menores de edad, su desarrollo emocional, afectivo, social, cultural, familiar, quedan en segundo plano para resolver ante todo las medidas económicas y, no el fondo del asunto, principio informador “favor filii”.

La conclusión de lo expuesto y, de lo vivido en mi experiencia, es que se trata de procesos donde al final y, en lo relevante, que no es si no los hijos menores, que son los que sufren las consecuencias de todo, son procesos en los que queda la palabra de uno contra la del otro, porque a salvo de las cuestiones económicas que son las únicas que se pueden probar documentalmente, las demás circunstancias no pueden probarse si no se practica la prueba pertinente para ello, que no es sino el informe psicosocial y, otras que se solicitan a los efectos de acreditar circunstancias escolares, o familiares.

Por lo tanto no queda sino pensar que la petición en procesos de separación o divorcio de adopción de custodia compartida o custodia exclusiva para el padre, son peticiones fracasadas de inicio, por cuestión de desigualdad completa y discriminación por ser padre.

Milagros Palao Herrera
Abogada

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