Sala de Prensa

francisco_articulloA tenor de las últimas Sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia de diferentes partidos judiciales, y entre ellas la Sentencia de 21 de Marzo de 2.013, del Juzgado de Primera instancia e Instrucción nº 5 de Leganés contra Bankia, la Sentencia nº 18 de28 de enero de 2.013 del Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid contra Barclays, y la Sentencia de 5 de Febrero de 2.012 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mataró contra Bankia, del contenido de las mismas se pude extraer los razonamientos jurídicos que han llevado estimar las demandas interpuestas contra las entidades que han contratado algún tipo de producto financiero de las denominadas preferentes, cuestión y término muy en boga en la actualidad no sólo jurídica, si no social e informativa.

Pues bien los fundamentos y argumentos jurídicos para apoyar la estimación de las demandas versan en lo preceptuado en varios artículos de la Ley de Mercado de Valores, y en concreto los artículos 73, 78, 79 y 79 bis. Los citados artículos sobre el respeto a las normas de conducta de las entidades o empresas sujetas a la citada ley, a la clasificación que han de realizar sobre sus clientes, pudiendo ser minoristas o profesionales, el deber de diligencia y transparencia con la que deben actuar en interés de sus clientes, la obligación de proporcionar al cliente información imparcial, clara y no engañosa sobre el producto ofertado, siendo tal información comprensible para que permita  comprender la naturaleza del producto así como sus riesgos, con obligación de incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos,  sobre todo en fase precontractual y la obligación de mantener informado al cliente sobre el transcurrir del producto contratado.

Por otro lado las empresas de servicios de inversión deberán solicitar al cliente información sobre sus conocimientos experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o servicio ofertado o solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si es adecuado o no al cliente.

En relación a lo anterior, también las entidades deben proceder a confeccionar un test de evaluación de los clientes para analizar los conocimientos y experiencia del cliente. Aquí se hace la distinción entre los llamados clientes minoristas y los profesionales asumiendo la entidad que estos últimos tienen la experiencia suficiente para comprender los productos financieros más complejos. Pero ¿qué es lo que diferencia al cliente profesional del minorista? Pues bien esta diferencia dependerá del volumen, frecuencia de transacciones sobre instrumentos financieros,  período de realización, estudios, profesión, etc… La distinción es relevante, en tanto en cuanto los mecanismos de control para la protección de los denominados clientes minoristas son más exhaustivos que para los considerados profesionales.

Por lo tanto, las posibilidades de que la demanda interpuesta crecen en función de si nos encontramos ante clientes minoristas o no, y en función de sus conocimientos, de que operaciones realizaron con anterioridad a la contratación de las preferentes, si se contrataron con anterioridad productos de riesgo, y por ejemplo dependerá también si el capital invertido son ahorros, entre otros, lo que supone un indicio de la característica de minorista del inversor.

En cuanto a las cantidades a reclamar, sería factible en un principio, la cantidad depositada, o la cantidad por la que se contrataron las preferentes, resultando más complicado, en tanto en cuanto según el contenido de las sentencias mencionadas, la reclamación de los intereses, si desde la contratación  del producto o desde la interpelación judicial, o interposición de la demanda, siendo estos criterios no unánimes.

Francisco Royo Lozano
Abogado