Sala de Prensa

Con fecha de 23 de Marzo de 2.013 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 6/2013, de 22 de Marzo, de protección a los titulares de determinados producto de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

El citado Real Decreto-Ley se ha creado como bien se expone en su exposición de motivos como consecuencia del proceso de saneamiento y reestructuración de las entidades de créditos en  dificultades., y a fin de poder realizar un seguimiento sobre los productos financieros complejos, esto es las llamadas preferentes entre otros, proponiendo un sistema de arbitraje con el fin de utilizar un mecanismo “ágil” para la resolución de las “controversias”  sobrevenidas por las características de los productos financieros contratados.

Se habla en el mismo de los clientes minoristas y de su dificultad en obtener liquidez por el canje de sus títulos, al no tener las entidades emisoras una cotización en un mercado oficial, creándose un Fondo de Garantía de Depósitos con el fin de mitigar esa dificultad de obtención de liquidez, procediendo a crear una derrama extraordinaria para afrontar los pagos.

Se habla también de la creación de una comisión de seguimiento, para poder estudiar las incidencias producidas en la contratación de determinados productos financieros, denominados híbridos de capital y deuda subordinada, haciendo un análisis de los factores, circunstancias y argumentos de las reclamaciones tanto extrajudiciales como judiciales, al margen eso sí, y con pleno respeto de las funciones de protección a los consumidores por parte de otros organismos y del poder judicial.  Se incluye igualmente la facultad de la comisión de vigilar los arbitrajes propuestos por las entidades para la resolución de conflictos.

Por otro lado se aborda la ampliación de las funciones del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito permitiendo la suscripción de acciones y deuda del SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), o comúnmente llamado Banco Malo, y para adquirir acciones  de las entidades que han transferido sus activos a la SAREB. Esto supondrá la posibilidad de que el Fondo pueda adquirir valores no líquidos emitidos por las entidades para dotarles de liquidez en beneficio de los clientes y poder posibilitar la venta en condiciones de mercado.

En definitiva no parece más que un parche revestido de buenas palabras e intenciones, para intentar remendar sólo parcialmente la mala praxis con las que aparentemente han actuado las entidades de crédito.

Francisco Royo Lozano

Abogado